Minería ilegal continúa devastando el sector occidental del Parque Nacional Canaima
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| Explotación Minera Ilegal en el Parque Nacional Canaima |
Cientos de trabajadores auríferos continúan devastando el sector occidental del Parque Nacional Canaima bajo la mirada indolente de los organismos competentes.
Así lo indicó Alejandro Lanz, director del Centro de Investigaciones Ecológicas de Venezuela (CIEV), quien alertó que la minería ilegal dentro del Parque Nacional no es reciente:
“Hace meses la hemos venido denunciando, más las acciones de control y resguardo de este pulmón vegetal, no se han efectuado”, apuntó.
En este sentido, señaló que para los momentos la zona denominada “La Guacharaquita”, “Parupita” y “El Mono”, ubicadas todas a la margen izquierda del río Caroní -del lado del Parque Nacional-, se encuentran trabajando alrededor de 100 monitores hidráulicos.
Vista aérea de la depredación minera en el Parque Nacional Canaima
“La devastación es impresionante, desde el aire ya se ven las deforestaciones y zonas desérticas por el lavado del suelo y los cortes de terreno (…) y no sólo estas minas degradan irreversiblemente el ambiente en esta zona, la afectación a comunidades indígenas y los peligrosos vicios que ya se ven en estas minas también está trayendo consigo un pasivo social para los pobladores originarios de esta región”, aseguró Lanz.
El director del CIEV informa que ya la prostitución, el tráfico de licor y las drogas, se observan en la zona producto de la demanda de los cientos de ilegales que extraen los minerales metálicos, “el desplazamiento de comunidades, la llegada de estos males están afectando a las comunidades asentadas en esta zona, netamente ecoturística”, agregó.
Sin embargo, admite el ecologista que es un tema complejo que debe tratarse de forma integral:
“Por ejemplo en las comunidades de Las Bonitas y El Viudo también se esta realizando minería ilegal, estas minas son controladas por el Clan de Los Martínez y que están ubicadas a orillas del Caroní, pero del margen derecho que pertenece al municipio Raúl Leoni (…) a pesar de no pertenecer al Parque Nacional, la minería en estos sectores dan acceso y fortalecen la intervención en Canaima”, señaló.Especificó Lanz que, gracias a la trocha que va desde La Paragua a San Salvador de Paúl, se abastece de combustible a todas estas minas, además de proveerlos de víveres y repuestos para los monitores hidráulicos.
“Tenemos conocimiento que el combustible es negociado por un señor llamado Fucho Rivas, quien lo compra en La Paragua, y lo lleva hasta el Capachal a orillas del Chiguao, y de allí pasa a los toyoteros que lo trasladan a Paúl para su distribución, son alrededor de 160 tambores de 200 litros cada uno, los que se trasladan semanalmente (…) y donde están los controles, nos preguntamos”, cuestionó Lanz.
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| Explotación Minera Ilegal en el Parque Nacional Canaima |
Asimismo, informó que la “fiebre del oro” en esta zona está tan desatada que “Joselo” el dominicano está desviando, presuntamente, el combustible destinado a la planta eléctrica del pueblo de San Salvador de Paúl para la mina de El Mono, dejando el pueblo sin servicio de energía eléctrica. En este orden de ideas, declaró que más de 15 vuelos diarios están realizándose a San Salvador de Paúl por el auge minero en la zona, más cada avioneta declara que va es hacia la Laguna de Canaima para no levantar sospechas.
Si bien existe un puesto del TO5 en Paúl comandado por efectivos de la Guardia Nacional, las mafias mineras son tan poderosas que no permiten a las comunidades protestar, asegura Lanz:
“Y es que existen milicias armadas que protegen las minas, y las comunidades indígenas y criollas no pueden hacer nada, por allá la ley es de los dueños de las máquinas”, apuntó.
Por tal motivo, el director del CIEV solicita que se active un real control por parte de los puestos del TO5 en San Salvador de Paúl y el ubicado en el subsector Laguna de Canaima, dada la crítica situación que presenta el sector occidental del P.N. Canaima y las comunidades ribereñas del Caroní en el municipio Raúl Leoni, así como pide al Mayor General Félix Velásquez la apertura de una investigación sobre el caso:
“Puesto que se ha detectado no sólo la devastación de áreas naturales protegidas, pérdida de hábitats, sino también violación de derechos humanos a comunidades indígenas y no indígenas, tráfico de combustible, licor, drogas y prostitución”, concluyó el director del CIEV.
