LA AGONIA DEL PROTOCOLO DE KIOTO
Las tumultuosas negociaciones internacionales sobre el calentamiento global
permanecen estancadas en aspectos cruciales para la estabilidad planetaria. La
cumbre de jefes de estado en Estocolmo en el 2009, tras años de negociaciones,
tenía como objetivo la concreción de un nuevo acuerdo internacional para reducir
significativamente, en los próximos 40 años, las emisiones de los gases que
magnifican el efecto invernadero. Pero la cumbre concluyó sin acuerdo, tras un
lamentable enfrentamiento fundamentalmente entre países industrializados y
países en desarrollo.
Un año mas tarde, la cumbre de Cancún, México, produjo un resultado
igualmente frustrante, sin que se pudiera concretar un acuerdo sobre la
distribución de responsabilidades para evitar que el calentamiento global se
acelere a tal punto que desestabilice de manera irreversible los ecosistemas y
provoque desajustes climáticos catastróficos a corto plazo.
Son dudosas las perspectivas de que los ministros y jefes de estado que se
reunirán a finales de Noviembre del 2011 en Durban, Sur Africa, alcancen un
acuerdo para coordinar una acción internacional efectiva ante la amenaza
climática global. Sin embargo, todos los países, sin excepción, concuerdan tanto a
nivel científico como político en que el calentamiento global es una de las
principales amenazas para la humanidad, y que dicha amenaza requiere atención
urgente y efectiva a través de un esfuerzo coordinado de todos los pueblos de la
tierra.
Las hasta ahora insuperables dificultades para alcanzar un acuerdo radican en
que las medidas necesarias para superar esta monstruosa amenaza divergen
tanto del modelo predominante de desarrollo, como de las arraigadas relaciones
de dominación entre las naciones. El modelo predominante de
desarrollo depende del consumo de crecientes cantidades de energía,
principalmente energía fósil, así como de la explotación de cantidades cada vez
mayores de materias primas y recursos naturales. Los países en desarrollo han
sido convertidos fundamentalmente en suplidores de materias primas y
receptores de productos procesados, dependiendo económica y tecnológicamente
de países industrializados y sus instrumentos de poder, tales como el Fondo
Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de
Comercio y los acuerdos de libre comercio. Este modelo deliberadamente ignora
los costos ambientales y sociales del desarrollo económico, una de las mas
perversas característica del orden económico internacional impuesto a todos los
países de la tierra por los vencedores de la segunda guerra mundial.
En la cumbre de Copenhagen en el 2009 se acordó como objetivo imperativo
evitar que, para finales del siglo 21, la temperatura promedio del planeta aumente
mas de 2ºC por encima del promedio registrado en la época pre-industrial. Esto
implica mantener la concentración promedio de CO2-equivalente en la atmósfera
por debajo de las 450 partes por millón. Este objetivo estratégico fue ratificado en
la cumbre de Cancún en el 2010. Para entonces, ya la temperatura promedio
había aumentado cerca de 1ºC, la concentración de CO2 superaba las 390 partes
por millón, y la del total de gases del efecto invernadero ascendía a 435 ppm
equivalentes de CO2. Las opciones disponibles para alcanzar la meta trazada han
adquirido así un carácter de emergencia planetaria.
Presupuesto atmosférico
El alcance de la meta trazada implica que entre el 2010 y el 2100 sólo se puede
emitir un máximo de 850 mil millones de toneladas equivalentes de CO2 a la
atmósfera. El gas carbónico (CO2) representa en la actualidad cerca de tres
cuartas partes del total de emisiones anuales de gases del efecto invernadero. Las
emisiones de los otros gases, tales como el metano (CH4), los óxidos nitroso y el
dióxido de sulfuro, se miden en cantidades equivalentes de CO2.
Uno de los principales puntos de discordia es la distribución de este limitado
cupo atmosférico entre los diferentes países del mundo. Entre las alternativa,
enmarcadas en el concepto de justicia ambiental, se encuentra la
distribución equitativa entre todos los ciudadanos del planeta. Como
la población de los países en desarrollo representa en la actualidad cerca del 84%
de la población mundial, y como dicha proporción tiende a aumentar, les
correspondería una proporción similar del cupo disponible de emisiones. Esto
dejaría a los países mas ricos del planeta un promedio del 15% del cupo de
emisiones para los próximos 40 años. En la actualidad los países industrializados
emiten cerca del 50% de las emisiones globales. En consecuencia, tendrían que
aceptar reducciones inmediatas y de enorme envergadura a muy corto plazo,
seriamente afectando no sólo sus ya precarias perspectivas de desarrollo
económico, sino su dominación económica, tecnológica y militar sobre el resto
del planeta. En consecuencia, no es sorprendente que tales propuestas,
independientemente de la justicia de sus argumentos, generen enorme
resistencia por parte de quienes ostentan el poder ulterior de decisión en la
actualidad.
La situación se complica aún mas cuando se toman en consideración las
emisiones acumuladas hasta la fecha. Los países industrializados, con una
minoría de la población mundial, son responsables del 70% de las emisiones de
CO2 y otros gases del efecto invernadero acumuladas en la atmósfera en los
últimos 60 años. Este grupo de países se apoderó unilateralmente de la mayor
parte del cupo atmosférico disponible desde entonces, reduciendo el presupuesto
atmosférico disponible para el resto de la humanidad. Si en un contexto de
justicia ambiental se toma en consideración la responsabilidad acumulada
hasta la fecha, la proporción del cupo de emisiones disponible para los países
industrializados para el período 2010-2050 se reduce aún mas drásticamente.
Deuda ambiental
El Convenio Marco sobre Cambios Climáticos de la Organización de Naciones
Unidas se refiere al año 1990 como el año base. Las emisiones correspondientes a
ese año sirven como punto de referencia contra el que se miden los compromisos
asumidos hasta la fecha, y contra el que la mayoría de los países proponen se
continúen midiendo en el futuro. Es así como en 1997 el Protocolo de Kioto
estableció como objetivo legalmente vinculante que los países industrializados
deberían reducir sus emisiones en un 5% con respecto a las de 1990 para el
quinquenio 2008-2012.
Durante este primer período de compromisos, con vencimiento a finales del
2012, el Protocolo de Kioto establece un compromiso vinculante de reducción de
emisiones circunscrito sólo a países industrializados, debido a su
desproporcionada responsabilidad en la acumulación de gases de efecto
invernadero en la atmósfera, y a su mayor capacidad tecnológica y financiera
para aportar soluciones.
En 1990, el año base, el cupo disponible de emisiones era de 1.600.000 millones
de toneladas métricas equivalentes de CO2. Para entonces la población mundial
se encontraba en un 80% en países en desarrollo y el 20% restante en países
industrializados. Durante el período 1990-2010 se emitieron 750 mil millones de
toneladas equivalentes de CO2 a la atmósfera, provenientes en un 56% de países
industrializados.
Si se hubiese aplicado el concepto de justicia ambiental ya mencionado, las
emisiones de los países industrializados durante el período 1990-2010 habría
sido como máximo equivalente al 20% del presupuesto atmosférico utilizado en
ese período, un máximo de 150 mil millones de toneladas equivalente de CO2. El
exceso de emisiones por parte de los países industrializados, sólo durante este
período de tiempo, supera los 220 mil millones de toneladas equivalentes de
CO2. Entre las propuestas en negociación se encuentra el reconocimiento de esta
deuda ambiental, por el uso unilateral de un cupo atmosférico
correspondiente a países en desarrollo. Si partimos de un precio promedio de
US$ 20/ton CO2, sólo esta porción mas reciente de la deuda ambiental alcanzaría
los 4.500.000 millones de dólares.
El Protocolo de Kioto
sobre Cambios Climáticos.
Establece como objetivo para el primer período de
Establece como objetivo para el primer período de
compromisos, definido como el quinquenio 2008-2012, una reducción
promedio de 5% en las emisiones anuales provenientes de los países
industrializados con respecto a las de 1990. Esta reducción corresponde al
conjunto de países industrializados, identificados en el anexo 1 de dicho
protocolo. Allí se definen los objetivos correspondientes a cada país o grupos de
países: EUA: 7%, Canadá: 6%, Unión Europea: 8%. Se preveía también que
algunos países sólo estabilizarían sus emisiones, como Rusia y Japón, mientras
que otros podrían aumentarlas, como España y Australia.
El Protocolo de Kioto fue aprobado por los EUA durante la presidencia de Bill
Clinton. Sin embargo, una de las primeras medidas de política internacional
tomadas durante la presidencia de George W. Bush fue el desconocimiento de
dicho compromiso. Desde entonces, los Estados Unidos, el principal emisor de
gases del efecto invernadero, se dedicó a sabotear dicho acuerdo internacional.
Para el 2010, sus emisiones en lugar de reducirse en un 7% como originalmente
previsto, aumentaron en un 17%. Estados Unidos se convirtió en un estado paria,
cuyo comportamiento ha propiciado un duro golpe a un acuerdo internacional
que proponía reducciones simbólicas en emisiones, prácticamente insignificantes
ante el reto climático que enfrenta la humanidad.
Limitar el aumento de la temperatura promedio del planeta a no mas de 2ºC con
respecto a la era pre-industrial para finales de siglo implica que las emisiones
globales de los próximos 90 años (2010-2100) no pueden exceder los 850 mil
millones de toneladas métricas equivalentes de CO2. Si se considera que las
emisiones globales en el año 2010 superaron los 47.000 millones de toneladas
equivalentes de CO2, un 34% superiores a las de 1990, se comprende la imperiosa
necesidad de concretar un acuerdo internacional, legalmente vinculante, que
facilite el esfuerzo coordinado por parte de todos los países del planeta para
reducir las emisiones globales en al menos un 50% para el 2050, con respecto a
las de 1990. La magnitud de este reto es particularmente significativo si se toma
en consideración que par el año 2050 la economía mundial tiende a ser 4 veces
superior a la actual, mientras que la población tiende a alcanzar las 10.000
millones de personas.
Considerando las responsabilidades acumuladas hasta la fecha, las diferencias en
capacidad económica y tecnológica para reducir emisiones, la estrecha
vinculación del desarrollo económico con el consumo de energía, y la
predominancia del consumo de energía fósil alrededor del mundo, en las
reuniones de Copenhagen y de Cancún se propuso que los países industrializados
deben asumir el compromiso de reducir sus emisiones en al menos un 40% para
el año 2020 y en al menos un 80% para el 2050, con respecto a las del año base.
Esto le permitiría a los países en desarrollo alcanzar un pico en sus emisiones
alrededor del año 2020, para luego reducirlas a aproximadamente el 40% de las
emisiones de 1990 para mediados de siglo.
Sin embargo, Estados Unidos ofrece sólo compromisos voluntarios, no
vinculantes, para reducir sus emisiones simbólicamente para el año 2020 en
apenas un 5% con respecto a las de 1990. Mientras que Japón, Rusia y la Unión
Europea ofrecen una reducción del 25% en sus respectivas emisiones para el año
2020 con respecto a las de 1990.
La propuesta de los países en desarrollo viene acompañada de aspectos
complementarios: la transferencia de recursos financieros y
tecnológicos de países industrializados a países en desarrollo para que estos
puedan contribuir al alcance de las metas globales trazadas. Según la Agencia
Internacional de Energía, se requieren al menos 600.000 millones de dólares
anuales entre el 2010 y el 2020 para cumplir con los objetivos trazados,
destacando: "Estas cifras son muy inferiores al costo de no actuar".
Los países en desarrollo necesitan recursos tanto financieros como tecnológicos
para asegurar que su desarrollo sea mas eficiente desde el punto de vista
energético, para depender cada vez menos del consumo de energía fósil, para
impulsar el uso de energías alternativas y para eliminar fuentes de emisiones
particularmente destructivas y peligrosas, como las provenientes de la
destrucción de bosques. En los países localizados en la franja tropical del planeta,
países en desarrollo, se destruyen mas de 10 millones de hectáreas de selvas
naturales cada año. La deforestación representa con frecuencia mas de la mitad
de las emisiones totales de CO2 provenientes de estos países. Detener este
proceso suicida de devastación no sólo es necesario para reducir sustancialmente
las emisiones de CO2 y otros gases del efecto invernadero. Es igualmente crucial
para evitar la destrucción de la biodiversidad, la principal riqueza estratégica
de generaciones futuras. La mayor parte de la diversidad biológica y genética del
planeta se encuentra asociada a las selvas tropicales de América Latina, Asia y
Africa.
El sabotaje
Desafortunadamente, los países industrializados, salvo contadas excepciones,
han sistemáticamente saboteado el alcance de un compromiso global para
encarar la destructiva amenaza climática global. Proponen continuar usurpando
un cupo atmosférico desproporcionadamente mayor al correspondiente a su
población, maniobran por evadir compromisos legalmente vinculantes en el
contexto del Protocolo de Kioto, y manipulan para minimizar la cooperación
económica y tecnológica hacia los países en desarrollo.
La usurpación de un cupo atmosférico aun mayor al propuesto por los países en
desarrollo pretenden justificarla aludiendo al posible impacto sobre sus ya
deterioradas economías y su precaria estabilidad social. La reducción de emisiones de 80% para el año 2050 requiere de una meta intermedia de 40% para el año 2020. Estos escenarios implican fundamentalmente el
desacoplamiento del desarrollo económico de las emisiones de carbono, la
sustitución de buena parte del consumo de petróleo y carbón mineral por gas, un
aprovechamiento significativamente mas generalizado de fuentes alternas de
energía, como la solar y la eólica; el aumento de la eficiencia energética para que
el crecimiento económico y el transporte impliquen un consumo cada vez menor
de energía, y un fin al desproporcionado derroche de energía y materias primas
por parte de la población y las industrias.
Por otra parte, los países industrializados parecen haber coordinado sus
posiciones para evitar un segundo período de compromisos en el contexto del
Protocolo de Kioto. Se pretende evitar el carácter legalmente vinculante de este
instrumento, convirtiendo sus promesas en objetos de retórica, de carácter
netamente voluntario, sin implicaciones vinculante.
El objetivo es claramente destruir el Protocolo de Kioto, el único instrumento
vinculante del Acuerdo Marco sobre Cambios Climáticos. Ya varios países han
formalmente expresado su determinación a plegarse a la posición de los Estados
Unidos, rechazando la posibilidad de un segundo período de compromisos en el
marco de este protocolo, mas allá del año 2012. Entre estos países se destacan
Japón, Canadá y Australia.
El principal argumento de los otros países industrializados es que Estados Unidos
se niega a asumir compromisos vinculantes en el contexto de este protocolo para
reducir sus emisiones, y que es preferible cualquier acuerdo, aún no vinculante,
con tal de incluir a la principal economía mundial. Los países en desarrollo
insisten en la necesidad de que los países industrializados mantengan
compromisos vinculantes en el contexto del Protocolo de Kioto, mientras que los
compromisos voluntarios, no vinculantes de Estados Unidos, se administren a
través de un proceso paralelo en donde se incluya también a países en desarrollo
con significativos niveles de emisiones, tales como China, India y Brasil.
Los países industrializados pretenden igualmente minimizar la cooperación
financiera y tecnológica requerida por los países en desarrollo para contribuir
con la reducción global de emisiones y para adaptarse a los crecientes efectos del
calentamiento global. Argumentan, por ejemplo, mas allá de las dificultades
estructurales de sus economías, que las tecnologías disponibles para mejorar la
eficiencia energética de las economías de países en desarrollo son propiedad
intelectual de empresas privadas, fuera del alcance de la acción de gobierno.
Mientras que, por otro lado, tratan de minimizar la cooperación económica con
países en desarrollo, condicionando y retrasando los escasos recursos
comprometidos para favorecer actividades que beneficien a sus propias
corporaciones transnacionales, o para imponer condicionalidades económicas y
políticas a los países receptores.
Uno de los principales argumentos de Estados Unidos es que, en el contexto del
Protocolo de Kioto, países como China, India y Brasil no asumen compromisos
vinculantes para reducir sus respectivas emisiones, aun cuando China ya
sobrepasó a Estados Unidos como el principal emisor de gases del efecto
invernadero. Lo que hipócritamente se niega a reconocer el gobierno
norteamericano es que el desarrollo económico de ese país se encuentra
estrechamente vinculado a gigantescas emisiones de CO2 y otros gases
contaminantes acumulados en la atmósfera durante décadas,
desproporcionadamente mayores que las de China o India. Para el año 2000
Estados Unidos era responsable del 30% de las emisiones acumuladas en la
atmósfera, mientras que a China le correspondía el 7% y a India sólo el 2%. Sin
embargo, la población de China es 4 veces superior a la de los Estados Unidos y la
de India 3,5 veces superior. Aun hoy, China emite en promedio 4,5 toneladas de
CO2 equivalentes por habitante por año, e India 1.4, mientras que las de Estados
Unidos son 5 veces superiores a las de China y 13 veces superiores a las de India.
El enfrentamiento
La negociación que tendrá lugar en Durban, Sur Africa, a finales de este mes
puede convertirse en el golpe de gracia al Protocolo de Kioto. Esa será la
intención de buena parte de los países industrializados, liderados principalmente
por los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, Australia y Japón. Sin embargo, si
los países en desarrollo mantienen con firmeza la posición que han asumido
hasta la fecha, con el eventual apoyo de la Unión Europea se mantendría la
posibilidad de un segundo período de compromisos que le otorgue un carácter
vinculante a las reducción de emisiones de los principales países industrializados,
tanto en proporción con su responsabilidad por las emisiones acumuladas hasta
la fecha, como en armonía con su potencial económico y tecnológico para
lograrlo.
Durban promete así convertirse en un nuevo campo de confrontación entre
países ricos y países pobres, en donde los primeros tratarán de imponer sus
criterios, como ha sido práctica recurrente en el pasado, mientras que los últimos
defienden, cada vez con menos temores y complejos, los intereses colectivos de la
inmensa mayoría de la humanidad.
Durban tiende a convertirse en otro decepcionante eslabón en el frustrante
proceso de negociaciones para afrontar la amenaza del calentamiento global,
cuyas peligrosas consecuencias prometen ser desproporcionadamente severas
para los pueblos mas desposeídos del planeta. Un acuerdo efectivo en Durban es
poco probable, aunque quedarán sentadas las bases de un eventual acuerdo en el
que se reflejen las legítimas aspiraciones de desarrollo de los países mas pobres
del planeta.
El Acuerdo Marco sobre Cambios Climáticos no puede condenar a la mayoría de
la población mundial a mantenerse en la pobreza, la ignorancia y la dependencia,
limitando su desarrollo, mientras se mantiene el profundamente injusto orden
económico internacional vigente. Es hora en que los países en desarrollo, donde
se encuentra la inmensa mayoría de la población mundial, se unan para defender con determinación y firmeza no sólo sus legítimos derechos y aspiraciones, sino
los derechos de la Madre Tierra
